Las políticas estatales en el sector eléctrico son un caso paradigmático de porqué el congelamiento de precios es un arma de doble filo. También muestran la capacidad que tuvo el gobierno para administrar los desajustes que surgían como consecuencia de sus medidas.
En la Argentina, luego de la crisis, los costos de generación se fueron por las nubes. En una decisión sensata, y para evitar golpear a una población que ya estaba sumergida en una situación difícil, se optó por proteger a los usuarios congelando las tarifas. El estado pagaba la diferencia a través de un fondo que originalmente era utilizado para estabilizar los precios y que no se ideó para tener un deficit permanente.
La buena medida se convirtió en una carga. Con el paso del tiempo los pagos del estado tardaban cada vez más en llegar y la deuda con las generadoras aumentó. Los ajustes para usuarios no residenciales no alcanzaron para hacer que las empresas vuelvan a invertir. Por ello, los cortes por la falta de nueva oferta eran algo que no podía descartarse a futuro.
La solución del problema fue genial: de un plumazo el estado trocó acreedores por socios. Se armó una sociedad para construir dos centrales nuevas. A las generadores viejas se les cambió la deuda por una participación en la nueva sociedad. Obviamente estos pases mágicos contables no podían financiar la construcción porque la plata simplemente no estaba, así que se creó un cargo transitorio que pagaron los usuarios.
A fin de cuentas el usuario residencial de electricidad argentino le debe mucho al gobierno. Estuvo resguardado de aumentos incluso cuando el ingreso por habitante se había recompuesto. Los aumentos considerables recién llegaron en 2008. Sin embargo, Doña Rosa no sabe esto y si lo sabe, no le importa. Lo único que les importa es que no haya un nuevo tarifazo. Es por eso que la última suba de los precios tuvo que ser cancelada. Aún así, hubo mucha gente que se sintió insultada al recibir la factura con un estampado rojo que indicaba que la misma esta subsidiada. Pero la situación actual no es sostenible. Tarde o temprano llegará un Ministro de Economía que, a lo Celestino Rodrigo, se hará cargo de ponerle el nombre a una medida altamente anti-populista.
En la Argentina, luego de la crisis, los costos de generación se fueron por las nubes. En una decisión sensata, y para evitar golpear a una población que ya estaba sumergida en una situación difícil, se optó por proteger a los usuarios congelando las tarifas. El estado pagaba la diferencia a través de un fondo que originalmente era utilizado para estabilizar los precios y que no se ideó para tener un deficit permanente.
La buena medida se convirtió en una carga. Con el paso del tiempo los pagos del estado tardaban cada vez más en llegar y la deuda con las generadoras aumentó. Los ajustes para usuarios no residenciales no alcanzaron para hacer que las empresas vuelvan a invertir. Por ello, los cortes por la falta de nueva oferta eran algo que no podía descartarse a futuro.
La solución del problema fue genial: de un plumazo el estado trocó acreedores por socios. Se armó una sociedad para construir dos centrales nuevas. A las generadores viejas se les cambió la deuda por una participación en la nueva sociedad. Obviamente estos pases mágicos contables no podían financiar la construcción porque la plata simplemente no estaba, así que se creó un cargo transitorio que pagaron los usuarios.
A fin de cuentas el usuario residencial de electricidad argentino le debe mucho al gobierno. Estuvo resguardado de aumentos incluso cuando el ingreso por habitante se había recompuesto. Los aumentos considerables recién llegaron en 2008. Sin embargo, Doña Rosa no sabe esto y si lo sabe, no le importa. Lo único que les importa es que no haya un nuevo tarifazo. Es por eso que la última suba de los precios tuvo que ser cancelada. Aún así, hubo mucha gente que se sintió insultada al recibir la factura con un estampado rojo que indicaba que la misma esta subsidiada. Pero la situación actual no es sostenible. Tarde o temprano llegará un Ministro de Economía que, a lo Celestino Rodrigo, se hará cargo de ponerle el nombre a una medida altamente anti-populista.
