La despenalización del aborto es un tema que indudablemente está en la agenda política de buena parte de los países del mundo. Buena parte del debate se da naturalmente en el plano ético y religioso. No me pienso meter en esos temas aunque no creo que sea tan fácil separar lo normativo de lo positivo en asuntos tan sensibles. Simplemente voy a dar algunos apuntes de cómo la economía puede decirnos algo al respecto.
Para un economista, no me canso de decirlo, los individuos responden a incentivos. Una ley es una norma jurídica que "obliga hacer" o "prohíbe hacer" un determinado acto y que prevé sanciones jurídicas para quien no la cumpla. A los economistas nos interesan las leyes en tanto afectan los incentivos: el costo esperado de violar una ley es igual a la condena multiplicado por la probabilidad de ser condenado. Esos son los dos elementos básicos en el análisis económico de las leyes: castigo y probabilidad de ser castigado. En realidad se puede refinar un poco más el componente "costo" para capturar otros efectos (la vergüenza de estar en juicio se sufre independientemente de que te condenen o no), pero no hace falta entrar en tantos detalles.
Las leyes que prohiben el aborto intentan elevar el costo de efectuar el mismo de modo que la gente decida no practicarlo, pero la realidad muestra que, al menos en Argentina, fallan en su objetivo: lo que hay que analizar es el costo comparado, es decir, el costo de oportunidad. Mucha gente percibe como más costoso tener un hijo no deseado que cualquier condena imaginable, por más alta que sea la probabilidad de ser condenado. Por otra parte, la probabilidad de ser detectado -ni hablar condenado- es casi nula: generalmente los únicos que saben del embarazo y del aborto son la madre y el médico, ambos implicados en la violación de la ley. No hay incentivos para denunciarlo, ya que implica denunciarse a uno mismo. Y al ser un procedimiento médico relativamente sencillo que puede efectuarse en un consultorio privado, es difícil de detectar por terceros. Tenemos ahí la raíz de la falla de la legislación que penaliza el aborto: una baja condena en relación al costo de tener un hijo, y una nula probabilidad de ser detectado. También se puede identificar fácilmente que es lo que hay que hacer para elevar el costo de abortar: aumentar el costo de realizar abortos para el médico. Su costo de oportunidad es relativamente bajo (no es él el que está embarazado!), por ende un cambio marginal en la condena del médico puede tener efectos importantes por el lado de la oferta.
Sin embargo sería errado presumir que las leyes no tiene ningún efecto para las embarazadas, ya que la ley eleva marginalmente el costo del aborto. El que queda afectado es la abortista marginal (o abortista bisagra) que será aquella para la cual el costo de tener un hijo no deseado no sea tan elevado. Esto incluye a la mujer pobre y poco educada, cuyo costo de oportunidad de ser madre no es renunciar a una exitosa carrera profesional.
La ley tambien genera costos de información sobre dónde y cómo abortar, ya que es más costoso informarse sobre actividades ilegales que sobre actividades legales. Este costo es en términos absolutos mucho más grande para individuos con bajo nivel educativo. La mayoría de los profesionales tienen amigos profesionales, entre ellos médicos a quienes consultar en forma reservada y confidencial sobre abortos ilegales. También cuentan con amigos íntimos que se han efectuado abortos y que pueden transmitirles la información. Los individuos de menor nivel educativo en general sólo cuentan con este último canal y por ende sufren de mayores costos de información y peor calidad de la misma.
Finalmente está el problema financiero que se deriva de la ausencia de mercados de crédito para efectuar actividades ilegales. Cuando comparamos el costo de tener un hijo no deseado con el costo de violar la ley lo que ímplicitamente hice fue traer a valor presente el costo futuro de tener un hijo no deseado. Existen individuos cuyos incentivos sugieren que es económicamente más "rentable" abortar pero que carecen de los recursos financieros para hacerlo. Y no pueden ir al banco y pedir plata para un aborto: sufren racionamiento de crédito. Por ejemplo, el caso extremo sería el de una joven inteligente y prometedora de bajos recursos, medalla de honor en el colegio secundario, queda embarazada en su viaje de Egresados en Bariloche y no dispone de los XXXX pesos para efectuarse el aborto. Si el aborto no fuera ilegal, no habría razones para no pensar en instituciones que otorguen créditos para abortos. También es posible pensar que una aseguradora puede cubrirte contra el riesgo de quedar embarazada, aunque ciertamente ahí hay un importante problema de riesgo moral, sobre todo si consideramos que nuestro proceso decisorio se ve afectado en el entorno del evento sexual.
Es un tema complicado. Y como en todos los temas complicados, la economía tiene algo para aportar. Hay varios papers al respecto, muchos analizan el impacto de los abortos en otras variables (principalmente criminalidad), otros también empíricos estudian los determinantes de la decisión de aborto e incluso hay modelos teóricos sobre la decisión de abortar.
